Ayer, en la apertura del Año Judicial de la Provincia Eclesiástica Valentina, el Tribunal Eclesiástico de Valencia, presidido por el cardenal arzobispo de Valencia Antonio Cañizares, intervino el Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos, monseñor Juan Ignacio Arrieta, pronunciando la lección magistral “La reforma del derecho de la Iglesia en el pontificado del Papa Francisco”.
Monseñor Arrieta destacó “la renovación que el pontificado de Francisco está aportando al ordenamiento de la Iglesia”.
En su intervención abordó la reforma de la Curia romana, la adopción de sistemas de control y de transparencia, así como la formación humana y espiritual de sus profesionales.
Para monseñor Arrieta, “estos seis años de pontificado que ahora se cumplen del Papa Francisco han sido años densos en sucesos y en novedades pero nos colocan ante perspectivas que antes eran impensables”. Puso como ejemplo el reciente viaje a Dubai o el acuerdo alcanzado con el Gobierno chino.
“Esfuerzo grande de la Iglesia ante graves delitos”
Así mismo, monseñor Arrieta se refirió al “esfuerzo grande de la Santa Sede y de la Iglesia entera ante la aparición de ‘graves delitos’, en los que el Papa ha mantenido el criterio de rigor en materia de abusos sexuales que había iniciado Benedicto XVI y aún antes el que fuera prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, el cardenal Ratzinger”.
“A Ratzinger se debe, desde los primeros años en la dirección de ese dicasterio, el continuo apremio para rectificar la equivocada solución que antes se daba a éste y a otros problemas del clero de obligarles, simplemente, a solicitar la dispensa de las obligaciones sacerdotales”.
Así, ha expresado que “éste no era el camino y que era necesario que, a través de un verdadero proceso, se impusiese cuando fuera necesario la pena de expulsión del estado clerical a quienes resultaban culpables de determinados delitos”.
Igualmente, destacó que, por iniciativa del Papa, las Conferencias Episcopales y las diócesis han tenido que establecer “claros protocolos de prevención y de eventual denuncia de este tipo de delitos, de acuerdo con la legislación penal de cada país”.
También subrayó que “estamos a la espera de poder concluir la reforma de la entera legislación penal del Código de Derecho Canónico iniciada en 2009, con el objetivo de devolver a los obispos locales la jurisdicción en la mayoría de estas situaciones proporcionándoles instrumentos jurídicos que antes no tenían, y responsabilizando su actividad pastoral”.
Fuente: Redacción Confidencial, 2 de marzo de 2019