Mediante una declaración que se ha hecho pública hoy, el Dicasterio de los Textos Legislativos de la Santa Sede, en la respuesta particular a un Obispo, ha recordado que no es legítimo divulgar denuncias contra personas fallecidas, argumentando que hacerlo puede vulnerar principios fundamentales del Derecho admitidos universalmente, como la presunción de inocencia y la no retroactividad de la ley penal.
El documento está firmado por el Cardenal Filippo Iannone, prefecto del Dicasterio, y por su secretario Mons. Juan Ignacio Arrieta y responde a una consulta sobre la aplicación del canon 220 del Código de Derecho Canónico, que protege la buena fama de las personas. Según la respuesta que ofrece este Dicasterio, no es aceptable publicar información que perjudique la reputación de un difunto, tampoco bajo el argumento de la transparencia o la reparación histórica.
El Dicasterio reafirma que no se puede acusar ni juzgar a alguien por actos que en su momento no eran considerados delito, ni hacer públicas listas de acusados sin una condena definitiva. En este sentido, cita al Papa Francisco, quien en 2019 afirmó que «se debe evitar que se publiquen listas de acusados, incluso por parte de las diócesis, antes de la investigación previa y de una condena definitiva».
Elaborado por la redacción de iuscanonicum.org en base a varias fuentes.