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Ius Canonicum - Derecho Canónico - Noticias de 2011

El 1º de marzo de este año ha entrado en vigor la nueva ley que regula la ciudadanía, el acceso y la residencia en el Estado de la Ciudad del Vaticano. Esta ley, promulgada por el Papa Benedicto XVI el pasado 22 de febrero, sustituye a la anterior del año 1929.

El Papa Benedicto XVILa nueva regulación prevé una serie de modificaciones, de las cuales dos son particularmente importantes: un mayor control del acceso al interior del territorio -particularmente de vehículos- y el relleno de una laguna legal: ahora se contempla una figura que no estaba prevista en la anterior ley pero que ya era habitual, la del residente.

 

El presidente del Comité que ha llevado a cabo la redacción de la nueva ley, monseñor Giorgio Corbellini, explica en un artículo publicado hoy por L'Osservatore Romano las razones por las que era necesaria una nueva ley de ciudadanía.

En primer lugar porque el marco jurídico de referencia ha cambiado, con la aprobación de una nueva Ley Fundamental, por Juan Pablo II, el 26 de noviembre de 2000, y de una nueva Ley sobre las Fuentes del Derecho, por Benedicto XVI, el 1 de octubre de 2008, derogando las anteriores de 1929, en las que se apoyaba la precedente ley de ciudadanía.

En segundo lugar, según explicó monseñor Corbellini, “a nadie se le escapa la oportunidad de adecuar las leyes vaticanas a la actual situación, teniendo en cuenta los profundos cambios que se han producido desde 1929 hasta hoy”.

Una de las primeras modificaciones, explica el prelado, es la simplificación: la anterior ley tenía tres capítulos, un anexo y un total de 33 artículos. La actual, en cambio, tiene cuatro capítulos, pero sólo 16 artículos.

“En efecto, el texto ha sido objeto de una notable simplificación; en algunos casos, remite a determinaciones dejadas a la actividad regulamentaria”.

Ciudadano y residente

Ciudadanos del Vaticano son el Papa, los cardenales que residen en el Vaticano o en Roma, los miembros del Cuerpo Diplomático vaticano que están en funciones, y otros responsables vaticanos en razón del cargo o del servicio que desempeñan. La ciudadanía no se obtiene por nacimiento (por razones obvias), sino por concesión.

La primera novedad es la tipificación de la figura del residente, es decir, de quien vive en el Vaticano sin tener la ciudadanía.

Esta figura, explica monseñor Corbellini, “ha adquirido cada vez mayor importancia en la realidad vaticana; en el transcurso de los años, muchas personas habitantes en el Estado han preferido, aun cumpliendo los requisitos, no asumir la condición de ciudadano, que en la ley de 1929 era considerada la situación normal de quienes vivían en él”.

De hecho, el Vaticano tiene actualmente más de 800 habitantes, pero sólo 572 ciudadanos, de los que habitan en el territorio apenas unos 220.

La razón de la “diáspora” es que gran parte de los ciudadanos vaticanos son los nuncios y personal diplomático.

En este sentido, otra de las novedades de la ley es el reconocimiento de la ciudadanía a los nuncios y diplomáticos mientras ejercen el cargo, hecho que no estaba tipificado en la ley de 1929, sino que fue introducido en forma de nota en 1940 por el papa Pío XII.

Accesos

La segunda gran novedad es la regulación de los accesos, en particular del tráfico rodado, una situación que ha cambiado mucho desde 1929.

El Estado Ciudad del Vaticano tiene dos partes, una de libre acceso (la Basílica, la Plaza de San Pedro y los Museos Vaticanos), y otra restringida, en la que es necesario disponer de un permiso si no se es ni ciudadano ni residente.

En la parte de libre acceso, señala monseñor Corbellini, no es necesario permiso alguno, aunque en los últimos años, por la amenaza del terrorismo internacional, ha sido necesario poner en marcha una serie de controles.

En la parte restringida, será necesaria una tarjeta de acceso o un pase permanente, e incluso se puede denegar el acceso por motivos justos.

Otra de las disposiciones se refiere a los vehículos. De hecho, la nueva ley prevé que solo puedan acceder en coche al interior del Estado los ciudadanos, los residentes o quienes dispongan de un permiso especial.

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